Santo Domingo.– El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), fijó su posición frente al comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 6 de febrero, en el que se refirió a las políticas migratorias adoptadas por el Estado dominicano. En su respuesta oficial, las autoridades reiteraron su compromiso histórico con la protección de los derechos humanos, al tiempo que defendieron el derecho soberano del país a aplicar y hacer cumplir su marco legal interno.
En el comunicado, el Estado dominicano señaló que toma nota del pronunciamiento de la CIDH y subrayó que el fenómeno migratorio que enfrenta el país debe analizarse desde una perspectiva regional. Destacó que la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria que afecta a Haití ha generado una presión migratoria sostenida y excepcional, ante la cual República Dominicana ha asumido, durante décadas, una carga desproporcionada, guiada por principios de solidaridad y responsabilidad humana.
El Gobierno recordó que, en ejercicio de su soberanía, la República Dominicana tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio. Aclaró que esta potestad no se ejerce de manera arbitraria, sino conforme a la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos, tal como ha sido reconocido en reiteradas ocasiones por el propio sistema interamericano.
Según el comunicado, las medidas migratorias adoptadas por las autoridades dominicanas responden a la necesidad legítima de gestionar de forma ordenada un flujo migratorio extraordinario, con el objetivo de evitar impactos negativos en la cohesión social y en el gasto público destinado a servicios esenciales. En ese sentido, el Gobierno enfatizó que ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro país ante el colapso institucional de este último.
En relación con el llamado de la CIDH a aplicar de manera general el principio de no devolución a todas las personas en condición migratoria irregular, el Estado dominicano expresó su rechazo, al considerar que dicha interpretación equivaldría a obligar al país a aceptar a cualquier ciudadano haitiano que desee ingresar a su territorio, incluso de forma irregular. Reiteró que la crisis haitiana no exime del cumplimiento de las leyes migratorias dominicanas y que se trata de un desafío regional que requiere una respuesta colectiva, no una solución unilateral.
El Gobierno dominicano reafirmó que continuará abogando en los foros multilaterales por una acción internacional efectiva, solidaria y corresponsable frente a la situación de Haití, al tiempo que insistió en que no existe una solución exclusivamente dominicana para dicha crisis.
En materia de salud, el comunicado destacó que ninguna persona es privada de atención médica de urgencia por razón de su estatus migratorio. Explicó que los protocolos de coordinación entre las autoridades sanitarias y migratorias buscan ordenar la prestación de servicios en un contexto de alta demanda, garantizando una protección reforzada a mujeres embarazadas, niños y pacientes con condiciones especiales.
Asimismo, el Estado informó que en los centros de procesamiento migratorio se han venido ejecutando mejoras progresivas en infraestructura, condiciones sanitarias y atención médica básica, acompañadas de mecanismos de supervisión interna y coordinación con las instituciones competentes. En ese contexto, reiteró su política de tolerancia cero frente a cualquier trato inhumano o degradante.
El Gobierno expresó preocupación porque, a su juicio, el comunicado de la CIDH parece dar mayor peso a alegaciones no verificadas que a la información oficial suministrada por las autoridades nacionales. No obstante, manifestó su disposición a mantener un intercambio técnico y transparente de datos, y subrayó que toda evaluación debe considerar fuentes contrastables y el contexto regional que explica la presión migratoria excepcional que enfrenta el país.
Finalmente, el Estado dominicano afirmó que la protección de los derechos humanos y la defensa del interés nacional no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. En ese sentido, reiteró su voluntad de profundizar la cooperación técnica con la CIDH sobre la base del respeto mutuo y la buena fe, valorando al sistema interamericano como un espacio de diálogo y manteniendo abiertos los canales institucionales para avanzar hacia soluciones equilibradas que garanticen los derechos humanos y respeten la soberanía nacional.
