La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) inició esta semana un programa de capacitación dirigido a sus colaboradores sobre el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas y la recién aprobada Ley 47-25, normativa que sustituirá de manera progresiva a la Ley 340-06 a partir de enero de 2026.
El taller, desarrollado en modalidad semipresencial, forma parte del ciclo formativo obligatorio establecido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para los peritos evaluadores que participan en los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras del Estado.
Jazmín Cabrera, directora de Recursos Humanos de APORDOM, subrayó la relevancia de este esfuerzo académico, destacando que “esta capacitación está diseñada para fortalecer el conocimiento de nuestros colaboradores y contribuir al buen funcionamiento de la institución, en línea con la visión del director ejecutivo, Jean Luis Rodríguez, de garantizar eficiencia, logros y transparencia”.
Durante la apertura, Katherine Johanna Figuereo, directora de Investigación y Reclamos de la DGCP y docente del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), resaltó el creciente interés ciudadano en la materia. “Hoy las contrataciones públicas forman parte del debate social, porque representan decisiones que afectan directamente al interés general y al uso responsable de los recursos del Estado”, afirmó.
El curso abarca temas como la normativa vigente de la Ley 340-06 y su reglamento 416-23, la transición hacia la Ley 47-25, los procedimientos ordinarios y de excepción, criterios objetivos de evaluación, redacción de informes, así como medidas preventivas frente a prácticas corruptas.
Los participantes, provenientes de distintas áreas técnicas y administrativas de la institución, coincidieron en la importancia de adquirir conocimientos prácticos y normativos que les permitan asumir con mayor rigor y responsabilidad su rol en los procesos de compras.
Con este tipo de iniciativas, la Autoridad Portuaria Dominicana busca consolidar una cultura de ética, legalidad y eficiencia, fortaleciendo la profesionalización de sus colaboradores y el compromiso con la transparencia en la gestión pública.